Las investigaciones eclesiasticas

 

LAS INVESTIGACIONES ECLESIÁSTICAS

En enero de 2015, desde el Vaticano enviaron al sacerdote Silverio Nieto para que investigase la denuncia. En todo momento colaboré en lo que me solicitaron porque confiaba –como así fue– en que podría aclarar la falsedad de la denuncia. Nieto fue presentado por Religión Digital –la web que ha actuado como portavoz de la familia–, como el gran azote contra la pederastia eclesiástica en España. Era una persona implacable y de notable experiencia en estas situaciones. Ese diario digital escribió el 14 de octubre de 2015: “Silverio Nieto les sometió a un exhaustivo interrogatorio sobre el caso. Tanto al padre como al chaval. Un interrogatorio de dos horas y media. A fondo y sin piedad. Silverio preguntaba y Rafael Felipe [el notario] tomaba notas en su ordenador”. Al principio, la familia se quejó del excesivo rigor de las conversaciones con Nieto, según escribió Religión Digital. Luego, tras conocer su veredicto, afirmaron que el proceso había sido informal y muy poco consistente. Silverio Nieto cometió un “grave error”: concluyó que yo era inocente. A partir de ese momento se convirtió en un encubridor, un irresponsable y un corrupto.

El pasado mes de septiembre, a través de un responsable del Opus Dei, recibí la noticia de que la Santa Sede había ordenado un proceso canónico para “depurar responsabilidades y ayudar a sanar heridas producidas”. Antes de que me llegara ninguna notificación oficial ni a mí ni a mis abogados, se publicó en los medios. La noticia es ya una sentencia de culpabilidad. El Papa ha escrito cartas a Juan –que su entorno ha filtrado a la prensa y se han publicado– en las que le dice que puede estar tranquilo, que va a comenzar una investigación, pero que no se preocupe, que él va a nombrar al tribunal, presidido por José Antonio Satué, obispo de Teruel, y que le mantendrá al corriente de los avances.

Al parecer, en el nuevo proceso me quieren aplicar una normativa eclesiástica aprobada con posterioridad a los supuestos hechos. Mis abogados han indicado al obispo de Teruel que el principio de retroactividad de la ley va en contra de los derechos humanos. También han señalado otras irregularidades jurídicas: por ejemplo, que la Iglesia aplique la legislación eclesiástica a un laico, que el Papa -que nombra al tribunal- reciba a una de las partes y no a la otra, o que yo me entere de sus decisiones por los medios. De hecho, hace una semana Religión Digital publicó que el Papa no me recibiría, a pesar de una petición que le envié por carta hace unos meses: yo hasta entonces no lo sabía. Satué ha indicado a mis abogados que el Papa es juez y legislador universal y que puede tomar las decisiones que quiera. Me parece que el Papa está muy mal asesorado y, hasta donde sé, tras hablar mis abogados con bastantes expertos, hay motivos para llevar este asunto antes los tribunales civiles y penales españoles e internacionales.

Estoy machacado por tanto atropello. He tenido que cambiar de trabajo y olvidar mi pasión de siempre: la educación. Me han destrozado la vida. Fui condenado injustamente y cumplí mi condena. Ahora, me gustaría que me dejaran en paz y que se haga justicia. Si para eso hay que ir a Roma o Estrasburgo, estoy dispuesto