El tribunal Supremo

 EL TRIBUNAL SUPREMO CORRIGIÓ A LA AUDIENCIA PROVINCIAL

Pasé seis días -entre el 4 y el 11 octubre de 2018- en la primera fila de una sala de la Audiencia de Bilbao. El juez Alfonso González Guija, presidente del tribunal, me declaró culpable. Yo hasta entonces confiaba en la justicia. Pensaba que nadie puede ser condenado sin pruebas.Y que, en mi caso, no había pruebas, porque no había delito. Pero estaba equivocado. Hay periodistas que no dicen la verdad. Hay políticos que no buscan el bien común. Hay profesores que no se preparan bien sus clases. Y hay jueces que condenan sin pruebas.

González Guija inició el juicio después de que yo hubiese sido condenado por la opinión pública. Una sentencia condenatoria sería muy bien recibida en los medios de comunicación. La absolución sería impopular. Se supone que un juez debe ser inmune a esas presiones.

Entre otros argumentos peregrinos, el tribunal consideró que, si los profesores y alumnos del colegio avalaban unánimemente mi inocencia, esa coincidencia mostraba que se habían puesto de acuerdo antes de acudir al juicio. Ciertamente, varios informes psicológicos indicaban que el relato de Juan Cuatrecasas era verosímil. Quizás él crea que aquello ocurrió, pero en todo caso sólo ocurrió en su cabeza. Tal vez esa versión de los hechos haya pasado a formar parte de “su verdad”. Juan sufrió un shock post-traumático. Eso quedó claro en el juicio de Bilbao. Lo que no quedó claro fue el motivo.

González Guija y los otros dos jueces me condenaron a once años de prisión, algo que superó lo que reclamaba la parte denunciante. El tribunal hizo lo fácil: ante la complejidad del caso, en vez de absolver por falta de pruebas, me condenaron y, además, con una pena ejemplar.

Alegué al Supremo. Durante casi dos años tuve que presentarme semanalmente en el juzgado para dar señales de vida y firmar un certificado. En esa época intenté convertir en rutina algo que odiaba y que me parecía propio de delincuentes. En septiembre de 2020, el Tribunal Supremo dejó mi condena en dos años, por lo que no tuve que ingresar en prisión. Ese día lo recuerdo como especialmente agridulce. Por un lado, evité la cárcel pero, por otro, se me seguía declarando culpable de unos actos que no he cometido. Esa sensación, mezcla de alivio e impotencia, me acompaña todavía hoy. Según me explicó mi abogado y he oído a otros juristas, el Supremo rechazó las acusaciones más graves, entre otros motivos porque el razonamiento de la Audiencia de Bilbao vulneraba la presunción de inocencia. También me explicaron que el Supremo no entró a valorar la prueba que realizó la audiencia vizcaína en los hechos menos graves. En el fondo, lo que pienso es que no quisieron desautorizar completamente al tribunal de Bilbao.

Recurrí también al Constitucional, sabiendo que tenía pocas posibilidades de que mi caso fuera admitido a trámite. Pero no quería dejar de poner ningún medio para intentar defender mi inocencia. Fue “inadmitido”.